La justicia española apunta a Chiapas

En la década de los 80´s, el fantasma de la violencia recorre el mundo y se detiene especialmente en nuestros queridos países latinoamericanos, en Chile continúa el régimen del terror iniciado en 1973 luego del bombardeo del palacio de la Moneda y el suicidio del presidente socialista Salvador Allende, el traidor Augusto Pinochet extiende su mandato hasta finales de esta década, en Nicaragua la guerrilla Sandinista logra derrocar al tirano Anastacio Somosa e inicia su proceso de revolución pero en pocos años el poder regresa nuevamente a las manos de los conservadores, en El Salvador el ejército de Estados Unidos continúa una escalada de apoyos militares a los Estados que enfrentan guerrillas; los Contras y los kaibiles que operaron además en otros países tanto de este lado del continente como en el medio oriente, dejaron una estela infernal de muertos y guerras fraticidas.

Es precisamente en estos años que en Guatemala se desarrolló uno de los más sangrientos períodos de su historia, el también militar Efraín Rios Montt encabezando un golpe de Estado que derribó al presidente en turno Fernando Lucas García, impone un régimen que fue corto en duración pero fatal en cuanto a sus efectos en la población civil guatemalteca, fueron años de persecución y muerte a toda persona o familia que fuera acusada de apoyar o pertenecer a la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), años de guerra y terror impuesto por los kaibiles que no eran más que una fuerza de élite militar entrenada por el ejército americano cuyo objetivo era destrozar el ánimo de la población con inhumanas prácticas de tortura y aniquilación, la costumbre de arrancar los fetos del vientre de las madres víctimas, como significado de arrancar la semilla, entre otras prácticas que parecieran sacadas de la peor de las pesadillas.

Miles de guatemaltecos cruzaron la frágil frontera entre México y Guatemala para exiliarse en nuestro país, fue precisamente en Chiapas en donde se asilaron, municipios como Ocosingo, Comitán, Las Margaritas recibieron a estas familias que venían huyendo del horror, es por eso que nuestros nexos con ese vecino país son tan cercanos, tanto así que la misma URNG entendía nuestro territorio como el suyo, es por eso que ahora no es extraño que desde nuestra tierra algunos busquen pistas de aquella época de terror para nuestros hermanos chapines.

Viene a cuento por la nota que se dio a conocer en los medios de comunicación españoles, sobre las evidencias que busca la justicia internacional para incriminar al exdictador Rios Montt con cientos de denuncias y casos de violaciones a los Derechos Humanos durante su mandato, cabe señalar que el “General” como es conocido, goza de una total impunidad en su país, gracias a las leyes que él mismo impuso y que su gente en el ejército, todavía con mucho poder sobre el gobierno civil guatemalteco, sostiene a fuerza para protegerlo de los tribunales internacionales como el del España que persigue delitos de lesa humanidad.

Hace algunos pocos años, en el antiguo penal de Cerro Hueco conocimos a varios guerrilleros de la URNG, que una vez purgada su sentencia en nuestro país, ya libres regresaron a Guatemala para reintegrarse a la vida productiva y al proceso de pacificación en su tierra, no obstante, los que vivieron en carne propia el terror de las dictaduras saben que nunca habrá una paz total cuando los asesinos que perpetraron las masacres sigan en libertad y gozando de privilegios ignominiosos.

La Justicia española apunta a Chiapas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pide permiso a México para viajar al país azteca y exhumar los restos de centenares de víctimas del genocidio en Guatemala
Ante la imposibilidad de interrogar a los militares imputados, el juez buscará en Chiapas pruebas de las matanzas.

Familiares de las víctimas llevaron hace unos días la voz de los 45.000 desaparecidos ante las puertas del Congreso de Guatemala – AP

Ricardo Coarasa
madrid- Pese a que la propia Audiencia Nacional reconoce que no dispone de medios suficientes para investigar denuncias de genocidio fuera de nuestras fronteras, los jueces de instrucción de este tribunal no arrojan la toalla. El magistrado Santiago Pedraz lleva más de dos años intentando que ocho ex altos cargos guatemaltecos, entre ellos el ex presidente y actual diputado Efrain Ríos Montt, respondan judicialmente por los más de 250.000 muertos que, según la ONU, se cobraron los 36 años de guerra civil que sufrió el país centroamericano entre 1960 y 1996.
Maniatado por el obstruccionismo de las autoridades guatemaltecas, el juez llegó a tomar declaración en España este mismo año a decenas de testigos de un genocidio que se cebó principalmente con la población maya. Ahora, Pedraz está dispuesto a viajar hasta el municipio de Ocosingo, en el estado mexicano de Chiapas, para exhumar los restos de alrededor de medio millar de refugiados que habrían sucumbido víctimas de la política de «tierra quemada», puesta en marcha por el Gobierno de Guatemala en los años 80, que originó un millón y medio de desplazados, de los que 150.000 buscaron cobijo en el sur de México.
El magistrado ya ha librado la correspondiente comisión rogatoria a México solicitando permiso para realizar las exhumaciones. La petición, que ha hecho suya Pedraz, la realizó una acusación particular personada en la causa que representa a cuatro de las víctimas de las matanzas. Fuentes jurídicas aseguraron que, una vez recibido el visto bueno de México, el juez de la Audiencia Nacional se desplazaría a Chiapas el próximo otoño y permanecería allí alrededor de una semana.
Pero Pedraz no viajará sólo. La delegación española incluirá, entre otros, a un forense de la Audiencia Nacional, al que se uniría en México el director de la Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala, Freddy Peccerelli, que tiene tras de sí un amplio historial en la exhumación de fosas comunes donde reposan víctimas de la contienda, y que ha sido propuesto por esa misma acusación particular. Ésta argumenta su petición en el hecho de que miles de guatemaltecos se vieron obligados a abandonar sus aldeas forzados por el Ejército -que les acusaba de dar cobijo a la guerrilla-, viéndose forzados a «deambular y ocultarse en la selva en condiciones infrahumanas» durante semanas hasta llegar a los campamentos de refugiados del sur de México.
Uno de éstos, el de Rancho Puerto Rico, fue atacado por el Ejército «causando numerosas víctimas mortales, muchas de ellas mujeres y niños». Por si fuera poco, continúa el escrito, «cientos de refugiados perecieron a causa de enfermedades, desnutrición y, en general, las pésimas condiciones de vida en el campamento». La gran mayoría de las víctimas, concluye, «fueron enterradas en fosas comunes en la referida finca», hasta donde pretende viajar el juez Pedraz para acreditar la identidad de las víctimas y las causas de su muerte.

 

Fuente: La Razon.es

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